ERC Tarragona reclama un gobierno “honesto y transparente” ante el inicio del juicio por el caso Inipro y vuelve a cuestionar la decisión del alcalde Rubén Viñuales de retirar al Ayuntamiento de Tarragona de la causa en 2023.
El procedimiento judicial, iniciado en 2013, investiga presuntas irregularidades relacionadas con un contrato del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) con la empresa Inipro por cerca de 276.000 euros.
El contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo entre la población recién llegada. Según las acusaciones, parte de los recursos podrían haberse destinado a finalidades distintas de las previstas y relacionadas con la promoción de la imagen del entonces alcalde Josep Fèlix Ballesteros y del PSC.
ERC pide esclarecer qué ocurrió con los recursos públicos
El juicio sentará en el banquillo a nueve personas, entre ellas el exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. ERC considera que el proceso debe permitir determinar qué ocurrió con los fondos públicos y establecer, si corresponde, las responsabilidades judiciales.
“Tarragona merece un gobierno honesto, transparente y que defienda el interés de los tarraconenses. Siempre”.
La declaración corresponde al alcaldable de ERC, Xavi Puig, quien sostiene que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos municipales.
Puig también advierte de que la mera existencia de sospechas sobre un posible uso partidista de dinero público perjudica la confianza en las instituciones.
En cualquier caso, ERC remarca que será la Justicia la que deberá determinar si los hechos investigados constituyen delitos y qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas acusadas.
Un procedimiento iniciado hace más de trece años
Los republicanos también ponen el foco en la duración del procedimiento. La investigación del caso comenzó hace más de trece años y ERC considera que las dilaciones pueden dificultar la depuración de responsabilidades.
La formación reclama que el juicio se desarrolle con agilidad y garantías tanto para la ciudadanía como para las personas acusadas.
“Desitgem un judici àgil, net i just per a tothom. Tant per a la ciutadania, que té dret a saber què va passar, com per a les persones acusades, que també tenen dret a una resolució judicial en un termini raonable”.
Para ERC, el proceso también debe servir para reforzar la confianza en las instituciones y evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.
La formación ya había abordado anteriormente el caso y su recorrido judicial. En esta información de Buen Día Tarragona puedes consultar los antecedentes del caso Inipro en Tarragona.
ERC recuerda la retirada del Ayuntamiento de la causa
Uno de los principales reproches de ERC se refiere a una decisión adoptada al inicio del mandato de Rubén Viñuales.
Según recuerda la formación republicana, una de las primeras decisiones del alcalde tras llegar al Ayuntamiento en junio de 2023 fue decretar la retirada del consistorio como acusación particular del caso Inipro.
El Gobierno municipal argumentó entonces que la personación del Ayuntamiento era “extemporánea” y “fútil procesalmente”. ERC rechazó esa decisión porque considera que el consistorio es una de las instituciones directamente afectadas por los hechos investigados.
Durante el mandato de Pau Ricomà, el Ayuntamiento se había personado en la causa para defender los intereses municipales y reclamar que se esclareciera el destino de los recursos públicos.
ERC presentó entonces un recurso contra el decreto de Viñuales y solicitó medidas cautelares para evitar la retirada del Ayuntamiento del procedimiento.
Críticas de ERC a la respuesta del Gobierno municipal
Los republicanos también cuestionan la respuesta que recibieron a las preguntas formuladas sobre el caso.
La portavoz municipal de ERC, Maria Roig, asegura que su grupo planteó 30 preguntas y que el Gobierno municipal únicamente respondió a siete.
“De les 30 preguntes que vam formular, Viñuales només en va respondre 7, i algunes d’elles amb monosíl·labs. Això no és explicar-se, això és amagar-se”.
ERC sostiene que su posición sobre el caso no ha cambiado: el Ayuntamiento debe defender los intereses municipales y los recursos públicos hasta el final del procedimiento.
Roig defiende que, cuando existen recursos públicos afectados por una investigación judicial, el consistorio debe ejercer las acciones necesarias para conocer lo ocurrido y reclamar responsabilidades económicas si finalmente corresponden.
ERC pide dejar trabajar a la Justicia
La formación republicana insiste en que ahora corresponde a los tribunales determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades penales.
ERC espera que el juicio permita esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan, siempre respetando las garantías de las personas acusadas.
Para los republicanos, el caso también plantea un debate político sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos.
“Tarragona necesita saber qué pasó, pero también necesita recuperar la confianza en sus instituciones”, sostiene Maria Roig.
El caso Inipro llega así a una nueva fase judicial después de más de una década de investigación. La Justicia deberá determinar ahora los hechos y las responsabilidades que correspondan a cada uno de los acusados.
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