Tener una vivienda turística en Tarragona podría resultar más caro a partir de 2027. El Ayuntamiento ha aprobado una modificación fiscal que permite elevar hasta un 150% el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para determinados propietarios de estos alojamientos.
La medida establece tres niveles según el número de viviendas turísticas que tenga cada titular. Sin embargo, su aplicación todavía depende de la convalidación de la normativa estatal que permite aplicar estos recargos. El acuerdo municipal también deberá completar el procedimiento de aprobación de la ordenanza.
Tarragona aprueba subir un 150% el IBI a quienes tienen cuatro o más pisos turísticos
El recargo aprobado por el pleno varía en función del número de inmuebles residenciales destinados a alojamiento turístico que tenga cada propietario. La modificación contempla estos porcentajes sobre la cuota líquida del IBI:
- Un piso turístico: recargo del 50%.
- Dos o tres pisos turísticos: recargo del 100%.
- Cuatro o más pisos turísticos: recargo del 150%.
Estos porcentajes son recargos sobre la cuota líquida del impuesto, no tipos impositivos aplicados directamente al valor de la vivienda. El Ayuntamiento prevé comprobar cada año que los inmuebles mantienen su uso turístico antes de liquidar el importe correspondiente.
Si se cumplen todos los requisitos legales, la medida podría entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Antes, la modificación de la ordenanza deberá someterse a un periodo de exposición pública de 30 días.
El gobierno municipal defiende que la prioridad es la vivienda residencial
El gobierno municipal justifica el recargo como una herramienta para intentar que parte de las viviendas destinadas al turismo regresen al mercado residencial. La concejala de Hacienda, Isabel Mascaró, ha defendido que el objetivo no es aumentar la recaudación, sino favorecer el acceso a la vivienda habitual.
En Comú Podem también ha respaldado la iniciativa. Su portavoz, Jordi Collado, ha señalado que el crecimiento de los alojamientos turísticos obliga, a su juicio, a intervenir para proteger la función residencial de los barrios. Según los datos que expuso en el pleno, este tipo de alojamientos ha aumentado un 87% desde 2017.
Esquerra Republicana ha votado a favor de la modificación. No obstante, su concejal Xavier Puig ha cuestionado las prisas con las que se convocó el pleno y ha reclamado una estrategia de vivienda más amplia, con mayor impulso a la vivienda pública.
La oposición cuestiona el efecto real del recargo
Junts, el Partido Popular y Vox han votado en contra. Sus representantes consideran que el aumento del IBI no garantiza que los propietarios vayan a cambiar el uso de sus inmuebles y los destinen al alquiler residencial.
El portavoz de Junts, Jordi Sendra, ha criticado la rapidez de la convocatoria y ha calificado la situación de «urgencia electoral». Su grupo también ha reclamado más avances en la regulación de los usos de la Part Alta y medidas que permitan mejorar el acceso a la vivienda.
Por su parte, la concejala de Vox, Judith Gómez, ha cuestionado la falta de estudios que permitan calcular cuántas viviendas podrían regresar al mercado residencial. También ha planteado que el Ayuntamiento debería actuar sobre los pisos vacíos.
El debate deja sobre la mesa dos cuestiones distintas: la necesidad de ampliar la oferta de vivienda habitual y la eficacia que tendrá este recargo para conseguirlo. La aprobación fiscal no garantiza por sí sola que los pisos turísticos pasen al mercado del alquiler residencial.
La medida depende todavía de la normativa estatal
La modificación municipal se apoya en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que habilita estos recargos en municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado. La norma estatal debe ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, según la información del expediente municipal.
Si el decreto no obtiene esa convalidación, el acuerdo del Ayuntamiento quedaría sin efecto. Además, una vez concluido el periodo de exposición pública, la ordenanza podrá convertirse en definitiva si no se presentan reclamaciones; si las hay, deberán resolverse conforme al procedimiento previsto.
La decisión se enmarca en el debate sobre el acceso a la vivienda en Tarragona y el equilibrio entre la actividad turística y las necesidades residenciales. Puedes consultar otras noticias sobre esta cuestión en nuestra sección de actualidad de Tarragona.
El texto de la normativa estatal puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado, mientras que el Ayuntamiento ha publicado información sobre la modificación de la ordenanza en su web oficial.
