La electrocución en tendidos eléctricos continúa siendo una de las amenazas para la avifauna protegida en Catalunya. El problema afecta especialmente a grandes rapaces y otras especies que utilizan los apoyos de las líneas como lugares de descanso o vigilancia. La normativa establece medidas para reducir estos accidentes, pero la detección de aves muertas también puede dar lugar a actuaciones administrativas sobre las instalaciones implicadas.
Por qué las líneas eléctricas pueden ser una trampa para las aves
Una electrocución puede producirse cuando un ave entra en contacto simultáneamente con un elemento conductor y una parte del apoyo conectada a tierra. También puede ocurrir cuando toca dos conductores al mismo tiempo.
El riesgo aumenta en las aves de mayor tamaño, debido a la distancia entre sus alas y otras partes del cuerpo. La Generalitat identifica la electrocución como un factor relevante de mortalidad de fauna autóctona y señala que afecta a numerosas especies.
Entre las aves que pueden resultar afectadas se encuentran rapaces, cigüeñas y otras especies que utilizan los postes elevados para posarse. La propia Generalitat señala que la electrocución es una de las principales causas de mortalidad en especies como el búho real y las cigüeñas.
El problema no se limita a los nuevos tendidos. Existen apoyos construidos hace décadas que pueden mantener elementos peligrosos para las aves y que deben ser adaptados cuando están dentro del ámbito de aplicación de la normativa.
Qué dice la normativa sobre los tendidos eléctricos
El Real Decreto 1432/2008 establece medidas específicas para proteger a la avifauna frente a la electrocución y la colisión en determinadas líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
La norma establece medidas de protección para las líneas situadas en determinadas zonas, entre ellas las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En estos espacios, determinadas instalaciones existentes también están sujetas a medidas de protección contra la electrocución.
Entre las soluciones técnicas previstas se encuentran sistemas de aislamiento y diseños de los apoyos destinados a impedir que las aves entren en contacto con elementos en tensión. Para determinadas líneas nuevas también contempla la instalación de dispositivos destinados a reducir las colisiones.
La Generalitat explica que las nuevas líneas y la corrección de las antiguas deben ajustarse a estas medidas de protección. Además, cuando se encuentra un ave electrocutada, recomienda avisar inmediatamente a los Agents Rurals para que puedan levantar acta, analizar el ejemplar y comunicar el caso a la compañía correspondiente.
La responsabilidad ambiental también está regulada
La cuestión no se limita a evitar nuevas electrocuciones. La legislación española también contempla mecanismos para prevenir, evitar y reparar los daños ambientales.
La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental establece obligaciones para los operadores responsables de determinadas actividades económicas o profesionales. Cuando concurren los supuestos previstos por la norma, deben adoptar medidas de prevención, evitar nuevos daños y, cuando corresponda, reparar los daños causados.
La ley también permite a la autoridad competente exigir medidas reparadoras y, en determinadas circunstancias, ejecutarlas directamente y recuperar posteriormente los costes del responsable.
Esto hace que cada caso de mortalidad de fauna pueda tener una dimensión administrativa además de ambiental. La investigación del lugar, la identificación del apoyo y la determinación de las circunstancias resultan relevantes para decidir qué actuaciones corresponden.
CCOO denuncia cientos de expedientes bloqueados
Sobre esta situación ha puesto el foco CCOO Agents Rurals, que denuncia que centenares de expedientes relacionados con la muerte de aves protegidas por electrocución permanecen bloqueados en la Administración catalana.
Según los datos difundidos por el sindicato, durante los últimos diez años los Agents Rurals habrían localizado cerca de 6.000 aves electrocutadas, una media aproximada de 600 casos al año.
CCOO sostiene además que los registros oficiales podrían representar solo una parte de la mortalidad real. El sindicato cita estimaciones según las cuales únicamente se detectaría alrededor del 15 % de los ejemplares muertos, lo que situaría la mortalidad potencial por encima de los 4.000 animales al año en Catalunya.
Estas cifras deben entenderse como una estimación y como datos aportados por la organización sindical, ya que la detección de animales muertos depende, entre otros factores, de que los ejemplares sean encontrados y registrados.
El sindicato cuestiona la tramitación de los expedientes
CCOO Agents Rurals sostiene que una parte de los expedientes elaborados tras localizar aves electrocutadas acaba paralizada en los servicios jurídicos del departamento competente.
La organización sindical también cuestiona quién debe asumir el coste de las actuaciones necesarias para corregir los apoyos peligrosos: las empresas titulares de las líneas o la Administración pública.
En su denuncia, CCOO reclama que los expedientes sean tramitados de manera efectiva y que se aplique la normativa de responsabilidad ambiental cuando corresponda. También pide que las empresas titulares de las líneas asuman los costes de las medidas correctoras y reparadoras en los casos en que legalmente proceda.
El sindicato afirma que volverá a trasladar esta problemática a la Fiscalía General del Estado para que valore la situación y determine si existen responsabilidades que deban investigarse.
Un problema que también afecta a la conservación de especies
La electrocución tiene además consecuencias para los programas de seguimiento de fauna. Algunas aves localizadas por los Agents Rurals forman parte de proyectos científicos y pueden llevar anillas u otros dispositivos que permiten conocer sus desplazamientos y evolución.
La pérdida de ejemplares también puede afectar a poblaciones de especies amenazadas. Entre las aves citadas por CCOO se encuentran el águila perdicera, el quebrantahuesos y el milano real.
La propia normativa estatal reconoce desde hace años la electrocución y la colisión con tendidos como problemas relevantes para la conservación de determinadas especies de aves y establece medidas técnicas destinadas a reducir estos riesgos.
Por tanto, la cuestión combina tres elementos: la detección de los animales afectados, la adaptación de las instalaciones peligrosas y la determinación de las responsabilidades que correspondan en cada expediente.
Mientras las administraciones y las empresas continúan aplicando medidas de corrección en diferentes puntos del territorio, el debate planteado por CCOO pone el foco en qué ocurre después de localizar un animal electrocutado y hasta qué punto los expedientes terminan dando lugar a actuaciones concretas.
