Normativas de restricción en Plaça de la Font

Se abren muchas dudas sobre las medidas de restricción que ejerce el ayuntamiento de Tarragona acerca del transporte de suministros a los distintos bares de la Plaça de la Font, lugar emblemático de la ciudad. Ahora, ¿Cuáles son los motivos aparentes para tomar estas medidas? Esto lo podemos deducir o suponer a partir de diálogos cotidianos entre los ciudadanos, ya que, en este caso, el Ayuntamiento al parecer, no ha sido del todo claro ni diplomático a la hora de entablar diálogo con los afectados y lograr así una mediación entre repartidores, dueños de bares y vecinos.

En principio, a comienzos de marzo comenzó a entrar en vigor la nueva normativa de transporte y abastecimiento de suministros en la Plaça de la Font, según la cual se prohíbe el ingreso de vehículos de transporte, estableciendo como nueva área de descarga la av. Rambla Vella, un espacio poco adecuado para este tipo de tareas desde el punto de vista de las distribuidoras. Visto de esta forma, estas medidas a veces parecen injustas o mal elaboradas, resultando evidente la falta de consideración hacia la posibilidad de reuniones con los organizadores vecinales, administradores de locales comerciales y distribuidoras. Todo esto, sin tomar en cuenta la cantidad de trabajo e impuestos que todos los años se ven depositados por parte de estos mismos.

La razón de la problemática son las medidas restrictivas que, a lo largo de los años, se han vuelto más severas en el sector comercial de la Plaça de la Font, disminuyendo así las ganancias del sector de la restauración y, al mismo tiempo, el periodo de ocio para los ciudadanos al recortar significativamente los límites horarios, sobre todo nocturnos y durante los fines de semana. Este es un motivo que preocupa al sector hostelero, que se ve afectado directamente al influir en sus ingresos, problema que se refleja en el descontento del comercio ante las medidas del gobierno.

Por consiguiente, algunos apuntan a la influencia directa de las juntas vecinales, aunque, de forma contradictoria, con el paso de los años y el aumento de precio de los alquileres, sumado al auge de los alquileres turísticos, entre otros factores, la comunidad de vecinos que antes habitaba gran parte del casco antiguo ha optado por trasladarse a zonas económicamente más accesibles de la ciudad o simplemente más tranquilas. 

Esto da a entender que las restricciones no deberían ser tan duras como lo están siendo al considerar la situación del sector hostelero y su gremio. Al mismo tiempo, otros deducen un reposicionamiento de locales o empuje comercial. Con todo esto, desde una perspectiva general, se especula que, al verse directamente afectados los locales comerciales de esta zona en particular, podría existir algún tipo de plan de cambio gradual orientado a la transformación de imagen tanto de la plaza como del ayuntamiento. Lo que no se puede determinar es hacia dónde va dirigido ese posicionamiento ni cómo afectará a la economía de la ciudad y al ocio nocturno.

Por otra parte, con estas medidas aumenta la carga de trabajo y la dificultad de abastecimiento tanto para los locales comerciales como para los encargados de la distribución de suministros. El cambio en el punto de descarga afecta significativamente al desplazamiento y al tiempo de entrega, un asunto que, según el comercio no les corresponde asumir y que, al mismo tiempo, pone en aprietos a las distribuidoras, que se rehúsan a trabajar bajo condiciones de riesgo y sobre carga para sus trabajadores. Aún así, algunos locales han optado por abastecer sus necesidades con recursos propios.

Siendo así las cosas, tampoco podemos menospreciar el ingreso anual en impuestos que se obtiene del sector hostelero en este punto en concreto de la ciudad. Estamos hablando del epicentro de gran parte de los movimientos importantes y acontecimientos de interés popular que se llevan a cabo en la ciudad. Con ello, cabe la posibilidad de interpretar que se está aplicando un método de acción que, de manera colateral -o directa-, afecta a la estabilidad de uno de los grandes contribuyentes a la economía de Tarragona: los bares y restaurantes de la Plaça de la Font.

En relación con este acontecimiento, uno de los factores más destacados y conocidos por todos los que vivimos en la ciudad de Tarragona es el descontento de los vecinos que residen en zonas cercanas a los sectores de ocio. Las quejas relacionadas con esta situación por parte de las juntas vecinales se repiten desde hace años, y las demandas de cambios no han disminuido con el tiempo.

Actualmente, se pueden añadir nuevas demandas relacionadas con la vida cotidiana en la ciudad, con motivo de que los controles no son suficientes, el alza de pisos turísticos perjudica a los ciudadanos, así como el deterioro de la imagen en algunos puntos concretos, entre otros problemas. Cabe destacar que, mientras no se lleve a cabo una comunicación directa y eficiente entre la ciudadanía y quienes se encargan de las mejoras en el ámbito legislativo que nos rige, la toma de decisiones en materia de convivencia seguirá siendo un asunto pendiente de resolver.

Otro punto importante es el de las distribuidoras. Según se entiende, las grandes distribuidoras trabajan directamente con el comercio mediante una aplicación que los conecta de manera directa y mas eficiente. Mediante estas plataformas, se habría habría informado de que, ante las negativa del ayuntamiento a una mediación para concluir en acuerdos flexibles, se veían obligadas, lamentablemente, a cancelar las entregas relacionadas con el sector hostelero de la Plaça de la Font.

Dentro de este marco, se pudo afirmar durante unos días que, ante las medidas adoptadas por el ayuntamiento, las distribuidoras habían puesto fin a la repartición de suministros en el sector indicado a modo de protesta por las condiciones impuestas, no sin antes informar y lamentar de estas decisiones desfavorables para los comercios afectados. Asunto de suma demanda, que se vio resuelto este lunes al llegar a un acuerdo tal vez momentáneo y retomar con la entrega de suministros acordada. Ciertamente, esto no suprime el descontento por parte de la industria licorera y, Resulta evidente, que las exigencias de las distribuidoras son comprensibles y lógicas.

Asimismo, como todos comprendemos, son muchos los locales en el centro de la plaza, y las cantidades a repartir no son insignificantes. El ayuntamiento lo sabe y el comercio también. Por lo tanto, coincidimos en que, ya sea por un problema de logística, movilidad o desarrollo tecnológico en los métodos de reparto, los encargados de realizar la entrega y recibimiento de los suministros no deberían verse obligados a llevar a cabo una faena que afecta directamente a su esfuerzo físico, especialmente ante la llegada del verano y sus exigencias en épocas de alto turismo.

Como resultado de todo esto, solo podemos observar que las personas que se encargan de atender tanto a la ciudadanía como al turismo que alberga esta ciudad son, en ocasiones, ignoradas en la toma de decisiones, lo que a su vez tiene como consecuencia el mal funcionamiento de las dinámicas laborales. Al mismo tiempo, como ciudadanos, esperamos que este tipo de debates burocráticos no se conviertan en una lucha de poderes que termine afectando únicamente a la clase trabajadora.