A partir del 15 de noviembre, las personas empleadoras del hogar deberán realizar una evaluación de riesgos laborales, garantizando la protección de un sector históricamente precarizado e invisibilizado.
Un derecho que llega al sector del hogar
Desde el sábado 15 de noviembre, el Real Decreto 893/2024 exige a todas las personas empleadoras del hogar, independientemente de la jornada o residencia de la trabajadora, realizar una evaluación de riesgos laborales.
Este derecho ya estaba vigente para el resto de los trabajadores desde 1995.
El sector del trabajo doméstico ha sido históricamente feminizado, invisibilizado y con alta precariedad. La normativa busca empezar a corregir esta desigualdad.
Herramientas digitales para facilitar la prevención
El Ministerio de Trabajo lanzó hace seis meses una herramienta gratuita que permite a las personas empleadoras cumplir con la obligación de evaluar riesgos.
Esta herramienta genera un documento con la evaluación, medidas preventivas y materiales informativos que deben entregarse a la trabajadora.
Los riesgos más frecuentes incluyen alteraciones musculoesqueléticas, exposición a sustancias químicas y problemas psicosociales. La correcta implementación de estas medidas es fundamental.
Avances y pendientes según CCOO
Para CCOO de Catalunya, el decreto supone un avance en la mejora de la salud y condiciones laborales del sector doméstico.
Sin embargo, aún faltan aspectos importantes como:
• Elaboración de un protocolo contra la violencia y el acoso.
• Regulación de reconocimientos médicos en el Sistema Nacional de Salud.
• Formación en prevención de riesgos.
También se reclama un convenio propio para el sector y revisión de la figura de las trabajadoras internas, ante abusos en jornadas y horarios no registrados.
Compromiso sindical
Desde CCOO, junto con las trabajadoras, se seguirá supervisando la aplicación efectiva de los derechos reconocidos por el decreto.
Asimismo, se impulsarán medidas para abordar los riesgos derivados de la utilización de plataformas digitales, que precarizan las condiciones laborales y quedan fuera de la actual regulación.
